COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES
COMUNITARIAS
POLICÍA
COMUNITARIA
CASA DE
JUSTICIA “LA PATRIA ES PRIMERO”
TIXTLA DE
GUERRERO, GUERRERO
A los
pueblos de Guerrero, de México y del Mundo
A las
organizaciones sociales dignas, sindicatos y colectivos
A los que se
encuentran hacia abajo y a la izquierda donde está el corazón…
Guerrero es una entidad que se ha caracterizado por la lucha
social y la resistencia, desde el movimiento independentista hasta la
actualidad. También se ha caracterizado por actos de tortura, desapariciones
forzadas, presos políticos, criminalización de la lucha social y asesinatos de
líderes sociales, perpetrados por el estado mexicano, no son hechos aislados son
una realidad.
En un estado
donde se protege al asesino, al político corrupto y se encarcela, se asesina o
se desaparece al líder social, no queda otro camino que la resistencia,
continuar la lucha hasta encontrar verdad y justicia.
Y es en este
estado, donde ya no hay diferencia entre delincuencia organizada y gobierno instituido,
donde las violaciones a los derechos humanos, los desplazamientos de pueblos
enteros, los asesinatos a plena luz del día, son parte de una realidad
minimizada por las televisoras mexicanas y algunos medios de comunicación que
están al servicio del estado.
Pero no sólo es
eso, Guerrero es uno de los estados más pobres y más marginados de la República
Mexicana, cada año el presupuesto para uno de los municipios más pobres del
mundo que se encuentra en Guerrero, incrementa, pero ese presupuesto no se ve
reflejado en las familias debido a la
corrupción.
La colusión de
los partidos políticos y de los diferentes niveles de gobierno con la
delincuencia organizada fue lo que ha desatado una ola de crímenes que ha
creado un clima de inseguridad en la mayor parte del estado de Guerrero y de
México. Esta colusión también trajo consigo uno de los episodios más tristes e
indignantes de la historia de México, el asesinato de tres normalistas y tres
civiles, así como la posterior desaparición forzada de 43 normalistas. Hecho
que destapó la cloaca en que se encuentran los cuerpos de seguridad de los tres
niveles de gobierno, así como el mismo ejército mexicano y marina armada de
México.
Es grave la
situación de inseguridad que viven nuestros pueblos, pero es más grave que las
instituciones creadas para dar seguridad sean las responsables de ejecuciones
extrajudiciales, secuestros, extorsiones y crímenes de distinta índole. Por
ello, el proyecto de la Policía Comunitaria se enmarca dentro de ese vacío de
poder que ha creado el mismo gobierno. En sus territorios comunitarios ha
atacado la delincuencia y ha logrado disminuir los índices delictivos. Y ese
espíritu de comunidad que rodea al proyecto se ha convertido en un símbolo de
resistencia para nuestros pueblos dignos. Por ello, hoy conmemoramos el primer
año de autonomía de nuestra Casa de Justicia “La patria es primero”, un año que
se suma a la lucha del proyecto comunitario que ha emanado de la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria.
En el marco del movimiento del pueblo
mexicano por la demanda de la verdad y la justicia, por la presentación con
vida de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de
Ayotzinapa. La Casa de Justicia “La patria es primero” de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias - Policía Comunitaria, este 10 de abril cumple su primer
aniversario.
La necesidad de
una Casa de Justicia en el municipio de Tixtla respondió al requerimiento de
nuestros pueblos para consolidar nuestra autonomía e identidad en la
construcción de una institución comunitaria que contribuyera a la organización
y promoción de la seguridad y justicia en nuestros territorios comunitarios,
así como el fomento al desarrollo comunitario en salud, educación y producción.
En un primer
momento surgimos como parte de la Casa de Justicia de El Paraíso, con presencia
en 8 municipios: Ayutla de los Libres, Tecoanapa, Tixtla de Guerrero, Olinalá,
Atlixtac, Huamuxtitlán, Cualac y Alpoyeca; desde su surgimiento la Casa de
Justicia de El Paraíso, fue hostigada con la intención de frenar su dinámico
crecimiento, pues fue vista como un peligro a los intereses de políticos
caciques y gobiernos municipales, estatales y federales, que buscaban crear las
condiciones para concretizar la instalación de mineras trasnacionales en los
territorios comunitarios de nuestro estado. La política federal intentó cercar
la expansión de nuestra primera Casa de Justicia creando otras organizaciones
que en los hechos pretendían realizar algunas de las funciones que la CRAC-PC
había proyectado.
En un segundo
momento lograron la cooptación de los mismos integrantes de la policía
comunitaria, quienes propiciaron con su posicionamiento el motivo para golpear
a nuestra institución y encarcelar a parte de la estructura que incluye a
coordinadores, consejeros regionales y comandantes regionales. A esta embestida
se sumaron detractores y personajes que sin ser parte de nuestra institución
comunitaria y sin una calidad moral, avalaron esta política de criminalización
de la protesta y de las organizaciones e instituciones populares.
Como respuesta a
la represión y una vez que, El Paraíso fue tomado por personajes con intereses
personales, que avalaron la difamación de nuestros pueblos y estructuras
comunitarias, de manera colectiva en asambleas se decidió constituirnos como
una Casa de Justicia con los pueblos que tuvieron la dignidad de resistir y
seguir con el proyecto que una vez arropó la Casa de Justicia de El Paraíso.
Consecuentes con la decisión se organizó un congreso constituyente de nuestra
nueva casa de justicia, el cual se convocó en la sede de la Comandancia
Regional del Fortín, en el Municipio de Tixtla de Guerrero. Dicho congreso se
realizó del 10 al 12 de abril del 2014, en el cual nos constituimos en la casa
de justicia LA PATRIA ES PRIMERO, en la cual nos asumimos como pertenecientes a
la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias - Policía Comunitaria
entendiendo que esta institución comunitaria no pertenece a alguien en
particular sino que pertenece a todos los que nos asumimos como pueblos
originarios, a los que reivindicamos los derechos y formas de organización, a
los que hemos sido olvidados, a los de abajo de nuestro estado y el país, a los
que asumimos una identidad con el legado de las culturas ancestrales, a los que
tenemos dignidad y defendemos nuestros derechos humanos y sociales. Además de
que consideramos que de las casas de justicia existentes, ninguna tiene la
facultad de decisión por la institución comunitaria del estado, por lo que
reivindicamos nuestra autonomía, pero con la observancia del reglamento
interno, además de que consideramos es
necesaria una revisión del reglamento interno para que se adecue a los tiempos
actuales y a las diferentes herencias culturales que componen nuestra
institución comunitaria. Apreciamos las recomendaciones que pudieran hacer
otras casas de justicia a nuestras acciones
pero asumimos que ninguna puede
desconocer a la estructura de otra casa de justicia, pues el reglamento refiere
que quienes pueden decidir sobre estos asuntos es la propia asamblea, y no así
asambleas de otros pueblos que incluso no pertenecen al territorio comunitario
en cuestión.
Por ello, es
claro que debemos rescatar el sistema comunitario, eliminar las divisiones y
trabajar para desarrollar y empoderar realmente a nuestros pueblos, caminar en
la distancia pero con un mismo fin. Reconocemos la lucha de las demás Casas de
Justicia durante estos 19 años de trabajo, el valor de cada pueblo cuando se
organizaron, respetamos su trabajo y sus formas de organización y gestión. Por
lo mismo, hacemos el llamado a la unidad con nuestras diferencias, a continuar
resistiendo el embate del estado mexicano por desaparecernos.
Este 10 de abril no solo conmemoramos un año de nuestra Casa de
Justicia “La patria es primero”, también 96 años del asesinato del caudillo del
sur, Emiliano Zapata Salazar, asesinado por los intereses capitalistas del
gobierno mexicano. Este hecho es considerado no como el fin de la lucha agraria
sino que convirtió a Zapata en el emblema de la lucha popular y revolucionaria
de los pueblos.
De este modo, la
Policía Comunitaria retoma el ideal revolucionario y la defensa que Zapata
emprendió para que respetaran la autonomía e identidad de los pueblos
originarios y de sus tierras comunales. Porque parte importante del proyecto
comunitario es la defensa de la tierra, la defensa del agua y de sus recursos
naturales, ante la embestida de capitales trasnacionales que buscan implantar
mineras, plantas hidroeléctricas y generadores eólicos en tierras comunales.
Este día también conmemoramos dos años del Movimiento Popular
Guerrerense, surgido por la integración de diversas organizaciones sociales y
de la población en general. Y debido a nuestra integración en el MPG, la Casa
de Justicia “La patria es primero” decide retomar esa misma fecha para
conformarse, como una especie de homenaje a la lucha social emprendida en
Guerrero.
Por otra parte, desde el 26 de septiembre en que ocurrieron los
violentos y trágicos hechos en la ciudad de Iguala Guerrero, la Casa de
Justicia “La patria es primero” se solidarizó con los padres de los 43
estudiantes desaparecidos por fuerzas policiacas y se unió a la exigencia de su
presentación con vida. Hoy a más de seis meses de esos hechos, seguimos
exigiendo la presentación con vida de los estudiantes y asumimos los acuerdos y
tareas emanados de la Asamblea Nacional Popular, de la cual formamos parte. La
investigación que realizó la Procuraduría General de la República, estando a
cargo Murillo Karam, determinó que los estudiantes fueron detenidos por fuerzas
policiacas y llevados ante la delincuencia organizada para ser incinerados.
La versión de la
PGR no es aceptada por los padres de los 43 normalistas desaparecidos,
organizaciones sociales, el pueblo en general, equipo de forenses argentinos y
miembros de la comunidad científica, porque no tiene consistencia lógica.
Nosotros respaldamos la postura de los padres y demás, porque entendemos que el
objetivo de la política del gobierno es dar carpetazo a la investigación y que
este crimen de estado se olvide y quede en la impunidad.
No nos rendimos
ni nos rendiremos, los 43 normalistas que detuvieron policías municipales de
Iguala deben ser devueltos a sus padres, y a su escuela porque vivos se los
llevaron y vivos los queremos. La impunidad con la que han actuado los cuerpos
de seguridad desde hace décadas debe terminar y para eso necesitamos verdad y
justicia.
No sólo son culpables
del crimen los policías municipales de Iguala y Cocula que perpetraron los
hechos, también lo son los autores intelectuales, pero tienen igual
responsabilidad; desde el gobierno del estado hasta el gobierno federal, quienes
enterados de la situación en que se encuentran las autoridades de los tres
niveles de gobierno y de su colusión con el crimen organizado, el gobierno
mexicano es culpable por omisión de la desaparición forzada de 43 estudiantes y
del asesinato a manos de policías municipales de tres normalistas y tres
civiles. Las fuerzas armadas y la policía federal tuvieron conocimiento de los
hechos desde el momento en que los estudiantes salían rumbo a Iguala y no
intervinieron bajo ninguna circunstancia. Pese a que sabían que quienes estaban
siendo masacrados eran jóvenes estudiantes.
Por tanto, fue el
estado al que permitir tal nivel de corrupción y de infiltración de los cuerpos
policiacos, fue el estado quien mató a tres estudiantes y secuestró a 43
estudiantes normalistas más, de eso no hay duda.
Pero la desaparición forzada, la represión y la cárcel no nos van
a detener. Desde agosto de 2013, que comenzó el hostigamiento y la oleada de
detenciones nuestros compañeros Nestora Salgado García, Bernardino García
Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco
Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos, Samuel Ramírez
Galvez, Gonzalo Molina González y Arturo Campos Herrera siguen presos en
distintos penales de mediana y máxima seguridad en la República Mexicana.
Presos acusados
de secuestro, privación ilegal de la libertad, robo, terrorismo y más delitos
fabricados que no se configuran, pues nuestros compañeros no secuestraron a
nadie y no causaron terrorismo.
Nuestra policía
comunitaria adherida a la CRAC-PC tiene sustento jurídico en la Ley 701 de reconocimiento,
derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de
Guerrero, así como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Cuando se da el
ingreso a la comunidad de El Paraíso por parte de fuerzas armadas y se libera a
delincuentes confesos, el Poder Judicial del Estado hizo uso de todos sus
ministerios públicos para recabar declaraciones en contra de nuestros
compañeros y así poder encarcelarlos por el delito de secuestro.
Nuestra compañera
Nestora Salgado García, detenida arbitrariamente por el Ejército y la Marina el
21 de agosto de 2013, e inmediatamente trasladada al penal federal de Tepic,
Nayarit; cabe mencionar que ilegalmente continúa presa en condiciones
infrahumanas, requiriendo servicios médicos que no le son proporcionados y que
están mellando su salud e integridad física. Quien además, sólo por el hecho de
ser mujer, está recibiendo un castigo de este estado machista y misógino que no
permite que las mujeres lidereen y organicen a sus pueblos para enfrentar al
crimen organizado, porque creen que es tarea de los hombres.
Nuestros
compañeros Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García
Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro y Benito Morales
Bustos, detenidos igualmente el 21 de agosto de 2013, pero en El Paraíso,
municipio de Ayutla de los Libres, fueron llevados por el Ejército Mexicano en
calidad de arraigados, tiempo en el que armaron un caso endeble con la
complicidad del Poder Judicial. Estos compañeros se encuentran presos
actualmente en el penal estatal de “Las Cruces” en Acapulco. Vulnerando el
hecho de que son parte de pueblos originarios y por tanto, no pueden estar
presos tan lejos de sus comunidades de origen.
Ante esos hechos,
los grupos de policías comunitarios se movilizaron para obtener su libertad, en
Tixtla, se organizaron y realizaron el bloqueo de carreteras y la toma del ayuntamiento
en respuesta a la detención de nuestros compañeros, por este último hecho,
acusaron a nuestro compañero Gonzalo Molina González de terrorismo, entre otros
delitos, y fue detenido el 6 de
noviembre de 2013 en el municipio de Tixtla Guerrero. Trasladado ilegalmente,
en un primer momento al penal federal de Mihautlán de Díaz, Oaxaca; y
posteriormente llevado al penal de máxima seguridad ubicado en Almoloya de
Juárez, Estado de México. Lugar donde no tiene derecho a una defensa adecuada
debido a que el penal sólo permite la visita por 20 minutos de sus abogados,
cada semana. Esta situación mina a las familias, porque son de escasos recursos
y no pueden visitar a su familiar con frecuencia, por lo costoso del viaje.
El caso de
nuestro compañero Arturo Campos Herrera, detenido el 1° de diciembre de 2013,
después de un evento convocado en Chilpancingo por una organización de Derechos
Humanos, es muestra de que el estado no se mide. Fue trasladado al penal
federal de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, Estado de México; violando
todas sus garantías, pues nuestro compañero pertenece a una comunidad indígena
y al encontrarse en dicho penal, lejos de su estado, no tiene oportunidad a una
defensa adecuada.
En este clima de
represión, hostigamiento, cárcel y desaparición forzada que vive el estado,
nuestra policía comunitaria sigue resistiendo el embate del estado y las fuerzas
policiacas, que no dejan de hostigarnos.
Por eso este 10
de abril de 2015, a un año de que nos constituimos en una Casa de Justicia, la
cual denominamos “La patria es primero” en honor a nuestro héroe tixtleco
Vicente Guerrero Saldaña, decimos que el único camino de lucha es la
resistencia y la unidad.
Ni un paso atrás
en ese camino que emprendimos desde la creación de la Casa de Justicia de El
Paraíso y que continúa ahora en nuestra Tixtla, ahora con “La patria es
primero”. Ni una lucha aislada más, seguiremos coordinándonos con las
organizaciones sociales dignas, seguiremos defendiendo a nuestros maestros,
seguiremos impulsando el desarrollo comunitario de nuestros pueblos, seguiremos
apoyando a los normalistas rurales de nuestro estado y país, continuaremos
luchando codo a codo con los padres que todavía esperan a sus 43 hijos
desaparecidos por el estado.
Sigamos el camino
y retomemos el poder del pueblo, no mediante la farsa electoral, sino mediante
el consejo y las asambleas de los pueblos que ancestralmente se han autogobernado.
Cuando reconozcamos nuestro valor como pueblos y dejemos de lado a los partidos
políticos que sólo buscan sangrarnos, entonces realmente haremos un cambio.
Votemos por el cambio, no votemos por ningún partido político, porque a lo
largo de la historia nos han demostrado su incompetencia para gobernar y
resolver los problemas básicos de la población.
Por muchos años
más de unidad comunitaria, por la resistencia de nuestros compañeros presos,
por la memoria de los caídos, por la lucha de los que estamos aquí, por la
presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos, por la búsqueda
incansable de la verdad y justicia que buscan los padres de familia de los 43,
por resistir en unidad y continuar luchando, la policía comunitaria de la Casa
de Justicia “La patria es primero” hace un reconocimiento a todas las luchas y
conmemora este primer año con resistencia y obstinación. Ellos apuestan al
desgaste, cansancio y al olvido, nosotros responderemos con más lucha y
organización, gritando que otro mundo más digno es posible.
¡¡¡PRESOS POLÍTICOS,
LIBERTAD!!!
¡¡¡VIVOS SE
LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!!!
¡¡¡EL
RESPETO A NUESTROS DERECHOS, SERÁ JUSTICIA!!!
